Las inmobiliarias, en pie de guerra por la nueva Ley de Alquileres bonaerense

Mientras el proyecto del senador Francisco ‘Paco’ Durañona avanza, el Colegio de Martilleros emitió un durísimo comunicado.

La semana pasada, la Comisión de Asuntos Constitucionales y Acuerdos de la Cámara de Senadores de la Provincia dio el visto bueno al proyecto presentado por el legislador del Frente de Todos y ahora hay que esperar a que sea tratado en las próximas sesiones.

La iniciativa apunta reducir los costos de la gestoría propia de los contratos de locación, tales como la certificación de firmas, la solicitud de informe de dominio en el Registro de la Propiedad, la averiguación de informes de garantía y otros gastos emanados de los trámites por alquiler de inmuebles, “que no podrán ser requeridos a los/as locatarios/as y le corresponderán al locador/a”.

En los últimos días Durañona cálculo que esa carga representa “algo así como el 50 por ciento de lo que cualquier inquilino tiene que poner para cerrar el inicio de la relación contractual”.

Sin embargo, desde el Colegio de Martilleros y Corredores Públicos provincial aclararon que “si la ley se sanciona, otra vez los perjudicados van a ser los inquilinos”, además de que recordaron que “las locaciones se legislan a través del Código Civil y Comercial de la Nación”.

En opinión de Luis Colao, tesorero del Colegio bonaerense y titular del Colegio de Martilleros y Corredores Públicos mercedino, “pareciera que a los legisladores repetir fórmulas que no sirven para nada es lo único que se les ocurre”.

“Este es un tema muy profundo, el 38 por ciento de la población de Mercedes alquila. No se puede generar una expectativa enorme en la gente con algo que realmente no la tiene”, remarcó. ” Esto no es una solución y va a agrandar el problema. Es política de campaña electoral, es una posición demagógica barata”, dijo Colao por Radio Meridiano.

Según el profesional, los legisladores “nos estigmatizan (a las inmobiliarias), nos culpan de su propia inoperancia a la hora de proponer políticas públicas”, siendo que el rubro emplea a más de 10.000 profesionales y les da trabajo a 200.000 familias, según calculó. “Casi un millón de bonaerenses nos vemos afectados”.