Política

Matías Alejandro Márquez, de 21 años, fue aprehendido frente al Congreso, durante la represión que sufrió la habitual marcha de los días miércoles.

El joven había llegado hasta la intersección de Av. Rivadavia y Riobamba autoconvocado, cerca de las 17 hs. Era su primera participación en una manifestación de los adultos mayores, aunque el 1° de febrero ya había asistido allí a otra de la comunidad lgbtiq+.

En conversación con Lucía Florella por Radio Meridiano contó que, “primero nos reunimos sobre la vereda, pero ya cuando llegó más gente se empezó a ocupar la calle. La Policía desde el principio quería desalojar, y cuando bajamos a la calle comenzaron a reprimir contra todos, contra cualquiera, sin importar lo que estuvieras haciendo”.

Márquez se encontraba en la primera línea, frente al cordón humano formado por los efectivos policiales. No tardaron en detenerlo, junto con otra persona, Oscar Vicente Pereyra, que había llegado hasta la zona en bicicleta e intentaba cortar el tránsito vehicular.

Márquez paso la noche en una comisaría de Lugano. Por intercesión de Pereyra consiguió una abogada, Gabriela Conder, y a través de ella pudo comunicarse con sus familiares. “Al ingresar, un policía nos hizo un interrogatorio de ideología, de lo que se retractó después. Se dio cuenta solo que estaba quedando en ridículo”, recordó.

Ya el jueves se entrevistó por videollamada con un fiscal, con la abogada presente. Le imputaron el cargo de “atentado contra la autoridad”. Cerca de las 17.30 hs lo liberaron (también a Pereyra), aunque deberá concurrir en marzo a la fiscalía.

“No quedé asustado, pero sí amargado y enojado. Defender una causa justa no debería ser un motivo de aprehensión, y menos de la manera que lo hicieron, entre cuatro o cinco oficiales, tirándome al piso, maltratándome”.

Marquéz es mecánico de motos, trabaja de manera independiente y viajó hasta la Capital especialmente para participar de la marcha de los jubilados. Por el momento no podrá volver a manifestar: le aplicaron una perimetral que le impide acercarse al Congreso.

La reconversión de la entidad en una Sociedad Anónima encendió la alarma de los trabajadores y su representación gremial ante el temor de despidos y cierres de sucursales. En Mercedes hay dos retiros voluntarios confirmados y siete en proceso.

Miguel Pastorini, dirigente de La Bancaria en nuestra ciudad, explicó que “convertido en una SA el Banco va a responder a las imposiciones de sus accionistas, y una entidad que vale 30.000 millones de dólares, con 724 sucursales en todo el país, va a quedar al dominio de los privados. Y aún cuando funcionara de forma mixta, como el Banco Hipotecario, va a perder su función social”.

El dirigente entiende que “si yo mismo fuera accionista orientaría toda mi actividad al rubro comercial para sacar la máxima rentabilidad. Pero el Banco Nación no tiene esa finalidad, no está para perder pero tampoco para no ayudar y apuntalar a las económicas regionales. Lo que se perdería, fundamentalmente, es ese rol”, advirtió.

Y si eso pasara, “se destruye todo. Pierde el tejido productivo y, en definitiva, pierde el país”. Aún si este no fuera un paso hacia la privatización del Banco, dijo Pastorino, “los accionistas van a reorientar la actividad para buscar la rentabilidad de sus bolsillos y no la del erario público. Y no nos olvidemos que el Banco Nación aporta al Tesoro nacional”.

El dirigente gremial destacó que la entidad no produce déficit, que “todo lo que da es ganancia. ¿Por qué lo entregaríamos entonces? Simple: el decreto se firmó justo antes de que el criptoestafador (el presidente Milei) subiera al avión que lo trasladaría a Estados Unidos para entrevistarse con Donald Trump, con Elon Musk y el Fondo Monetario, que es su preocupación principal”.

Según su opinión, “este hecho es gravísimo y nos indica hacia dónde va la economía. Una economía orientada a eliminar la industria local y ser invadidos por la extranjera”.

RETIRO VOLUNTARIO

La Bancaria discute ahora qué medidas de acción directa va a tomar; ya comenzaron las asambleas, aunque por el momento fuera de los horarios de atención. La sucursal Mercedes del Banco Nación emplea a alrededor de cuarenta personas. Inicialmente, Pastorini dijo desconocer si, como le transmitió Radio Meridiano, varias de ellas ya habrían adherido a un plan de retiro voluntario.

Pero minutos más tarde se comunicó con la emisora para confirmar que efectivamente es así: hay dos retiros voluntarios ya cerrados y otros siete en proceso (todos empleados de atencion al público). De este modo, la planta permanente de la sucursal Mercedes se reduciría en un cuarto en la próximas semanas.

El programa de retiro voluntario del Banco Nación estaba disponible ya para los empleados de mayor antigüedad, pero ahora se extendió a todo el personal. Señal indiscutida de un achique.

Junto con otro joven (Oscar Vicente Pereyra) fue arrestado el miércoles en medio de los incidentes frente al Congreso de la Nación. Después de varias horas de incertidumbre sobre su paradero, recuperó la libertad el jueves a las seis de la tarde.

Un vídeo publicado por la diputada de la izquierda Myriam Bregman permitió identificarlo cuando se lo llevaban detenido: en el contexto del caos de gases lacrimógenos, empujones y palos en que derivó la habital marcha de los miércoles de los jubilados en lucha, el joven mercedino cayó en manos de la Policía.

Costó saber adónde había sido trasladado. El caso hizo que desde el Municipio de Mercedes se realizarán gestiones (no oficiales) para obtener información y lograr su liberación. Intervinieron en ellas el actual secretario de Seguridad, Matías Maresca, y el exsecretario de Gobierno Esteban Buzzalino.

Finalmente, Matías Alejandro Márquez recuperó la libertad en la tarde del jueves. Bregman, en su video (foto), culpó al Gobierno y, puntualmente, a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, por la represión a los jubilados que todos los miércoles se reúnen en la esquina de Av. Rivadavia y Riobamba, frente al anexo de Diputados, para reclamar por sus magros salarios y las prestaciones sociales que les son negadas.

El exministro de Infraestructura y de Hábitat y Desarrollo Urbano bonaerense considera que las sospechas de corrupción y ciertos signos de ineptitud en la gestión han hecho que el Gobierno se enfrente a su primera crisis política fuerte. Por otro lado, dice no encontrarle “sentido económico” a una eventual privatización del Banco Nación.

Consultado inicialmente por Radio Meridiano sobre el anuncio oficial de este jueves de una reconversión del Banco Nación en sociedad anónima, Simone, que hoy integra la mesa chica que acompaña al gobernador Axel Kicillof, arriesgó que la decisión apunta a una futura privatización de la entidad, “lo cual me parece grave, inconducente y hasta contradictorio, porque el decreto menciona el gran desempeño del Banco Nación. Entonces, cuál sería el motivo para cambiar la forma societaria”, se preguntó.

“El Banco Nación no tiene un problema de falta de capital, y tampoco es necesario que sea una SA si el objetivo fuera solucionar un problema de fondeo. La privatización, que creo que es lo que se esconde detrás de esto, sería un retroceso”, consideró asimismo.

Ahora bien, ¿podría ser este anuncio una bomba de humo para dejar de hablar del ‘criptogate’? “Lo pensé esta mañana cuando leí el decreto. Lo hacen para cambiar el eje de lo que pasó con $Libra, o bien hicieron lo de la criptomoneda para distraernos y hacernos esto”, opinó. “Este escándalo le está costando mucho al Gobierno en cuanto a imagen pública y posiblemente prefieran que estemos hablando de la represión a jubilados o de cuál va a ser el futuro del Banco Nación”.

Simone cree que la última ha sido “la peor semana desde que asumió el Presidente”. No obstante, descarta que el país esté configurado para que los jefes de Estado no terminen su mandato, cualquiera sea su signo político. “Lo que sí me parece que pasó acá es que se terminó la luna de miel del Presidente, se acabó el plazo de una opinión pública más permisiva; también producto de un desencanto por muchas cosas que fallaron y de las sospechas de corrupción. El Gobierno se está enfrentando a su primera crisis política fuerte y hasta ahora no ha demostrado capacidad para atravesarla”.

Licenciado en Administración y exsecretario de Economía y Hacienda de Mercedes entre 2016 y 2017, Simone adivina un cambio de época: “Creo que a partir de ahora el grueso de la población va a mirar de manera más crítica, menos permisiva la gestión. El plan económico de Milei ha tenido hasta ahora mucho costo para el ciudadano común. Todos vimos muy resentidos nuestros ingresos. Hasta ahora la población ha hecho el esfuerzo, pero yo no veo una luz en el horizonte. Diviso más ajuste, planteos extravagantes en torno al dólar… De todos lados le están marcando a Milei que hay ciertas cosas en la economía argentina que no cierran”.

A su juicio, Kicillof representa hoy la otra cara de la moneda. “En la Provincia hemos hecho todo lo contrario de Milei y en el último año nos hemos tenido que esforzar para morigerar el impacto del ajuste de Nación. Han bajado mucho las transferencias a las provincias, la deuda de Nación con la provincia de Buenos Aires es gigantesca. Por ejemplo, dejaron de transferir el fondo de seguridad, un área al que dicen darle tanta importancia. En fin, estamos haciendo un gran esfuerzo para sustituir con fondos provinciales los fondos nacionales que ya no están”.

Diputados de Unión por la Patria presentaron además un proyecto de ley para quitarle al jefe del Estado las facultades delegadas que les habían sido otorgadas mediante la Ley Bases.

“Por el artículo 2 de la Ley de Ética Pública, ni el Presidente ni ningún funcionario puede promocionar productos ni emprendimientos comerciales”, recordó la legisladora de origen mercedino Sabrina Selva, para quien la razón del tuit publicado el viernes último por Javier Milei son los “miles de dólares que se mueven a través de esta estafa”.

En ese contexto, los diputados opositores presentaron el pedido de juicio político, “sin ánimo de destituir al Presidente, porque el rol de la Cámara Baja es sólo el de investigar (es el Senado el que eventualmente impone una sanción). Pero sí queremos que en el ámbito del Congreso esto se investigue porque parece una tomada de pelo que Milei diga que se va a investigar a sí mismo o que lo hará su propio gabinete”.

Selva considera que sin el tuit del Presidente la estafa no se habría consumado, y llama la atención sobre una moneda cripto que fue creada, dijo, tres minutos antes de que Milei publicara su polémico mensaje en el red social X.

Ya sea cómplice o engañado, “hay mucho que investigar”, cree la hija del exintendente y exdiputado nacional Carlos Américo Selva. Las acusaciones de UxP contra Milei podrían resumirse en dos: ser participe de una estafa e incumplir los deberes de funcionario público.

Por otra parte, la legisladora se mostró preocupada por el alcance internacional del escándalo, con Estados Unidos y China como los países donde más personas resultaron perjudicadas, dijo.

En cuanto a las facultades delegadas, UxP se propone derogar el artículo 1 de la Ley Bases, que es el que se las otorga al jefe del Estado hasta julio próximo. “Porque mientras hablamos de $Libra y de este hecho, hay un montón de otras cosas que siguen sucediendo”.

INCENDIOS

En otro orden, la diputada, que supo desempeñarse anteriormente en la Administración de Parques Nacionales, fue muy crítica del rol de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, quien desde diciembre tiene a su cargo el Sistema Nacional de Manejo del Fuego. “Adosado al terrorismo ambiental del Presidente, ya se veía que existía una visión errónea de lo que es el manejo del fuego, al que incluso pretendían quitarle fondos. Y son las consecuencias de eso las que hoy estamos viendo en la provincia de Corrientes y en la Patagonia”, lamentó.

“Fueron dos semanas de vacaciones pero para algunas cuestiones es un montón, por eso me mantuve en contacto con Mariana (San Martín, quien estuvo a cargo del Ejecutivo) y algunos otros funcionarios por la tormenta, por ejemplo. Aunque más allá de eso, las cosas siempre funcionan”, sostuvo el jefe comunal.

Este mismo lunes, Juani se reunió con responsables de distintas áreas para conocer cómo se avanzó en metas que habían sido planteadas antes de que iniciara su período vacacional. “Enero fue un mes donde se trabajó muy fuertemente en la planificación de los tres años (de gestión) que nos quedan, sobre todo en el orden interno y en la cuestión económica, junto con otras que hacen al funcionamiento del Municipio. Hacia adelante, en estos días iré a Buenos Aires por algunas cosas que debemos atender”, detalló en comunicación con Radio Meridiano.

Por otra parte, Ustarroz confirmó que Santiago Altube, quien fuera titular de la oficina local de Pami y que a fines de enero fue cesanteado junto a otros dos compañeros, asumirá un puesto dentro de la estructura municipal de gobierno. “A Santiago lo conozco hace muchísimos años. Es sociólogo y ahora se está recibiendo también de abogado. Es una persona muy capacitada. En Pami, tanto los afiliados como sus compañeros, valoraron mucho su gestión. Es un hombre muy humano, humilde, muy formado desde el punto de vista de las políticas públicas. Para nosotros va a ser una gran incorporación con el cargo de subsecretario y muy cerca mío. Es una persona íntegra, honesta, lo conozco desde los 18 años y aunque ha crecido mucho no perdió su esencia de buena gente que siempre se pone en el lugar del otro para desde ahí hacer cosas”, comentó el intendente.

Y añadió que Altube, “sin duda, va a sumar a nuestro equipo, y ojalá podamos consolidarnos para los años difíciles y duros que tenemos por delante“. Por su pasado como concejal y también como integrante del Ejecutivo, Ustarroz cree que el nuevo funcionario “va a fortalecer nuestros equipos, siempre a partir del concepto de ser servidores publicos. En ese sentido, Santiago reúne todas las características para aportar en lo específico a este proyecto que venimos empujando hace tanto tiempo”.

Luego de una reunión que mantendrán en las próximas horas, Altube asumirá el cargo de subsecretario de Relaciones con la Comunidad, que ya ocuparan la propia Mariana San Martín y Martín Boragno anteriormente. “Aunque Santiago ya ha venido trabajando en algunas cuestiones que le pedí en los últimos días. Como, por ejemplo, realizar un buen diagnóstico de en dónde estamos parados y planificar hacia adelante”.

Lo hicieron 20 intendentes bonaerenses reunidos en Luján. San Martín también pidió por la Ruta Provincial 41.

“Todos coincidimos en hacernos la pregunta de dónde van los impuestos que por ley corresponden y tienen fondos afectados al mantenimiento y mejoras de las rutas. Uno era el Impuesto País, que hoy no existe más, que un porcentaje se debía destinar y el gobierno que hoy gobierna no lo invirtió donde lo debía intervenir que era en rutas, en obras y en caminos” explicó Mariana San Martín, intendenta interina de Mercedes, al aire de Radio Meridiano y agregó que “también lo que nos preocupa muchísimo es qué es lo que pasa con el impuesto a los combustibles líquidos que por Ley todos cada vez que compramos combustible líquido pagamos y por Ley se debe destinar una buena parte al trabajo en rutas nacionales, una tarea crucial para la logística del campo, para la industria y para salvar vidas”.

Los jefes comunales que estuvieron presentes fueron los de los distritos por donde cruzan rutas nacionales. También asistió Gabriel Katopodis, Ministro de Infraestructura y Servicios Públicos de Buenos Aires. “Fue una reunión muy fructífera y pudimos ponernos en autos, no solamente lo que nos pasa acá en Mercedes, el abandono de la Ruta Nacional 5”, contó la intendenta. “No somos solo los intendentes de la oposición los que hemos levantado la voz, nosotros lo hicimos de manera judicial pero hay otros intendentes que están tratando de reunirse y hacer algún tipo de acciones poniendo en discusión este tema que afecta tanto a cada uno de los vecinos de todas las localidades por donde pasan rutas nacionales en la Provincia”, detalló la funcionaria.

Sobre la recaudación, precisó que “con el aumento a ese tributo a los combustibles líquidos las naftas subieron más de un 250%, lo que llevó al gobierno nacional a recaudar más de 2.5 billones de pesos en 2024, casi 4 veces más que en 2023. Todo ese dinero fue a un fideicomiso de infraestructura del transporte y toda esa recaudación el Estado nacional no lo gastó” y concluyó que “el dinero el Estado para las reparaciones, mantenimiento y culminación de obras no lo está utilizando y es por eso que se decidió hacer una presentación ante la Justicia federal para que se investigue qué pasó con este dinero”.

SOBRE LA RUTA PROVINCIAL 41

“Estamos en un momento difícil para algunas licitaciones pero vemos cómo avanza para el lado de Giles y para el lado de la costa, es una obra que no está frenada. Gabriel (Katopodis) ayer hablaba que están viendo con el gobernador de pedirle al Gobierno nacional algunas obras que están frenadas que sean trasladadas a la Provincia de Buenos Aires” y respecto al bacheo del corredor Mariana San Martín dijo que “no tardaría demasiado” y que es un “mientras tanto hasta que se pueda avanzar con la obra integral, pero es un bacheo totalmente necesario y se va a estar haciendo en los próximos meses”.

Se reunieron con la defensora general de la Nación. Piden una colectora.

El planteo principal de quienes participaron del encuentro con los representantes nacionales giró en torno a la posibilidad de la intervención judicial de la Defensoría General para la creación de una vía alternativa de circulación que no hay en la actualidad.

La doctora Verónica Vieito, defensora general, se hizo presente en las oficinas de calle 24 junto con su equipo para evaluar la situación y si prosperaría o no una acción judicial con respecto a los reclamos de los vecinos. Para esto se debe presentar documentación relevante como imágenes de que no hay camino alternativo, la situación de vulnerabilidad de las personas que transitan el peaje y una vez que se tenga toda esa información van a dar una respuesta de por dónde se podría canalizar la acción judicial.

Participaron los vecinos de la zona, el concejal Santiago Bereterbide de Unión por la Patria, Eduardo Rando, Walter Anido, la Defensoria del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires, Gustavo Castellani de Principios y Valores, entre otros.